Para el Representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, Hernando José Padaui Alvarez, llegó la hora de frenar los abusos que a diario cometen las EPS con los colombianos y de cerrar el “chorro” de la corrupción en el sistema de salud.

Tal es el propósito del proyecto de “Ley Anti – Ibuprofeno”, cuyo objetivo es que las Entidades Promotoras de Salud no puedan negar, en ningún caso, la entrega de medicamentos prescritos por el médico, se encuentren o no dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS).

“Principalmente, lo que se busca es que el colombiano reciba un tratamiento médico verdadero, efectivo, que no se le siga dando por parte del Gobierno y las EPS chicle a la gente. No más chicle a la gente para tratar unas enfermedades y las patologías de los colombianos”, sostiene.

En esencia, lo que se pretende es garantizar el derecho a la vida, prohibir la entrega de drogas genéricas a través de las EPS a los usuarios tanto subsidiados como contributivos.

“No se le puede seguir dando drogas genéricas que no hacen ningún efecto. Terminan los empleados de las farmacias prescribiéndole los medicamentos al paciente porque a los médicos los obligan a prescribir un medicamento genérico y termina en la farmacia con que tiene convenio la EPS entregando un medicamento genérico que nadie conoce y que no sabemos si tiene la efectividad o no”, argumenta el dirigente bolivarense.

Advirtió que “no podemos seguir haciendo eso. Debemos crear conciencia y la droga institucional que el mismo medicamento comercial, sin el nombre comercial, pero con precio realmente institucional. Y para eso estamos dando facultades al Gobierno para que regule y compre esos medicamentos”.

Padaui Alvarez asegura que con ello “vamos a evitar también un ‘chorro’ de corrupción, porque si prohibimos los medicamentos genéricos, si el Gobierno Nacional entra a regularlo y negocia con las empresas farmacéuticas, va a establecer unos precios a los cuales esas manufactureras les van a vender al Gobierno a unos precios especiales. No vale lo que dijo el Ministro de que esto iba en contra de la estabilidad fiscal. Pues no, porque el laboratorio que quiera vender un medicamento en el territorio colombiano y que lo va a seguir vendiendo de manera comercial libremente, ese mismo medicamento comercial, idéntico, sin la marca, se lo tiene que vender al Gobierno Nacional a un precio institucional, regulado, que no va a ser igual al precio del libre mercado que tienen hoy los medicamentos comerciales”.

Sostuvo que “no se puede ocultar que las grandes comisiones, las grandes ofertas de los laboratorios a gerentes de las EPS, alcaldes y gobernadores, comisiones como actos de corrupción, son a partir de la venta de medicamentos y de implementación médica. Esa es una verdad que sabe todo el pueblo colombiano y que por allí se están robando la plata del sistema de salud colombiano”.

Recalcó que “hoy las grandes comisiones, los grandes recursos que por vía de corrupción se pierden en el sistema de salud, son grandísimos. Y las EPS saben que tienen el deber de entregar medicamentos de alta calidad y le ponen barrera a los usuarios para que utilicen la vía judicial y es lo que están haciendo. Pues, vamos a acabar con la tutelitis porque si hay una obligación y un deber que el Estado debe entregar las drogas comerciales, idénticas a las comerciales, vamos a garantizarles que haya un tratamiento efectivo”.

En su concepto, no se puede jugar con la vida de la gente. “La salud es un derecho fundamental y no queremos que el Ministro, con el pretexto de que es un atentado contra la estabilidad fiscal del Estado, le siga dando chicle a los usuarios, a costa de la vida de los colombianos”.

Para el Representante Hernando José Padaui Alvarez uno de los actos más bochornos es el de las EPS obligando a los profesionales de la salud, a los especialistas, a prescribir unos medicamentos específicos, de unos laboratorios con los cuales tienen negociados, “sin tener en cuenta al paciente, para que este los reciba sin saber si son efectivos o no para curar una patología o para mejorar las condiciones de vida de un paciente”.

La “Ley Anti – Ibuprofeno” contempla sanciones penales y pecuniarias para las EPS que obliguen a los médicos a prescribir medicamentos preestablecidos sin tener en cuenta el criterio médico y científico. Y también el peso de la Ley caerá contra aquel usuario que finja una patología, que vaya a una EPS o IPS y que le entreguen esa droga comercial, sin nombre, solo con el rótulo ‘prohibida su venta al público’ y que la comercialice de manera ilegal libremente”.

Finalmente, admitió que la iniciativa tiene muchos enemigos. “En el sistema de salud, que está enquistado por una corrupción inmensa y que los recursos muchas veces se van a bolsillos de privados, de los grandes potentados de las EPS, los vamos a tener en contra, pero vamos a dar la pelea, a demostrarle al Gobierno, a la opinión pública, al Congreso de la República, que hay dinero suficiente para pagar un precio institucional”.